Corte Suprema de Justicia recibe certificación internacional ISO 37001:2016 que fortalece la integridad institucional

marzo 13, 2026

La Corte Suprema de Justicia de El Salvador (CSJ) recibió la certificación internacional de la norma ISO 37001:2016 Sistema de Gestión Antisoborno, un reconocimiento que acredita la implementación de mecanismos institucionales orientados a prevenir, detectar y gestionar riesgos de soborno dentro de la administración pública.

La certificación fue otorgada por el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN), entidad responsable de promover la adopción de estándares internacionales en el país. El certificado fue recibido por el presidente de la CSJ, Dr. Henry Alexander Mejía, durante un acto oficial en el que participaron autoridades del Órgano Judicial, así como integrantes del Comité de la Función de Cumplimiento y del Comité de Apoyo a la Alta Dirección.

Durante su intervención, el presidente de la CSJ destacó la relevancia de este logro para la institución y reconoció el trabajo articulado de los equipos técnicos que impulsaron el proceso de implementación del sistema.

“Hoy no es un día cualquiera. Es un día importante porque hemos obtenido la certificación, dando cumplimiento a la norma ISO 37001:2016. Quiero reconocer el mérito de todos los que han formado parte de este proceso”, expresó el funcionario.

La certificación del Sistema de Gestión Antisoborno representa un paso significativo en el proceso de fortalecimiento institucional del Órgano Judicial, al establecer controles, políticas y procedimientos alineados con estándares internacionales que promueven la ética, la transparencia y la rendición de cuentas.

Con esta acreditación, la Corte Suprema de Justicia consolida un avance estratégico dentro de su proceso de modernización institucional, reafirmando su compromiso con el fortalecimiento de la integridad pública y con la generación de mayor confianza ciudadana en la administración de justicia en El Salvador.

Este logro refleja los esfuerzos institucionales orientados a consolidar una gestión judicial basada en principios de transparencia, responsabilidad y cumplimiento, contribuyendo al fortalecimiento del Estado de derecho y al desarrollo de instituciones cada vez más sólidas y confiables para la sociedad salvadoreña.

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