En el marco del compromiso del Gobierno del Presidente Nayib Bukele con la transparencia, la integridad pública y la modernización del Estado, el Organismo Salvadoreño de Normalización (OSN) realizó la entrega oficial de los Certificados del Sistema de Gestión Antisoborno, conforme a la norma NTS ISO 37001:2016, al Fondo de Saneamiento y Fortalecimiento Financiero (FOSAFFI) y a la Superintendencia de Competencia (SC).
La Directora del OSN, Ing. Yanira Colindres, destacó que esta norma internacional establece requisitos y buenas prácticas que permiten a las instituciones prevenir, detectar y enfrentar riesgos de soborno, promoviendo una cultura organizacional basada en la ética, la rendición de cuentas y la mejora continua.
Ambas instituciones demostraron, durante el proceso de evaluación, el cumplimiento de los requisitos establecidos en la NTS ISO 37001:2016, evidenciando la implementación de controles eficaces y mecanismos de gestión orientados a garantizar actuaciones transparentes en el ejercicio de sus funciones.
El alcance del Sistema de Gestión Antisoborno certificado para FOSAFFI comprende la gestión de controles financieros y no financieros necesarios para mitigar los riesgos de soborno en:
- Los servicios de cobro de cartera de créditos.
- La comercialización de activos.
Estos procesos incluyen sus componentes estratégicos, misionales y de apoyo, asegurando una administración responsable de los recursos públicos. El certificado fue recibido por el Presidente Ejecutivo de FOSAFFI, Lic. Miguel Antonio Chorro Serpas.
Por su parte, la Superintendencia de Competencia, representada por el Dr. Gerardo Daniel Henríquez Angulo, obtuvo la certificación para la gestión de controles destinados a mitigar los riesgos identificados en sus procesos estratégicos, operativos, de apoyo y asesoramiento, con el objetivo de proteger y promover la libre competencia en El Salvador bajo principios de integridad y legalidad.
Con estas certificaciones, FOSAFFI y la SC se suman a las instituciones del Estado que adoptan estándares internacionales de cumplimiento, reafirmando la visión del Gobierno de consolidar una administración pública moderna, confiable y alineada con las mejores prácticas globales en la lucha contra la corrupción.
Este avance fortalece la confianza ciudadana y de los sectores productivos, al garantizar que las actuaciones institucionales se desarrollan con transparencia, responsabilidad y apego a la normativa internacional.
